Manuel Paredes
Se cumple un aniversario de aquellos terribles momentos que se vivieron en Venezuela, es especial en Caracas y Guarenas, ciudad esta última donde se iniciaron la protesta por el aumento de los pasajes. Hay que recordar que esta ciudad es satélite de Caracas, donde la gente trabaja en la capital y llega a dormir en las noches. Por lo que el incremento del pasaje era una carga al presupuesto al tener que cancelar más.
Es así la urbanización Doña Menca, terminal de rutas de transporte en Guarenas, se convirtió en el hervidero de protesta que rápidamente se propagó a Caracas y con la transmisión televisiva de los canales capitalinos se volvió viral como se diría hoy día. En esa época vivía en Caracas y por razones de trabajo me tocó presenciar aquella tarde en la Avenida Baralt la quema de autobuses y la paralización del Metro por las fuertes manifestaciones a las que sumaban los saqueos de los comercios.
La protesta tuvo su génesis en el llamado paquetazo de aumento de la gasolina y ante el descontento generado por los problemas que se vinieron acumulando a lo largo de los años de no atender las demandas sociales, la corrupción de Cadivi con los negociados en dólares preferenciales, luego del viernes negro de 1983 que devaluó la moneda y se originó la erosión del Bolívar en forma progresiva.
Fueron tres días de conflictividad, con la aparición de los militares disparando a mansalva a los edificios de las urbanizaciones populares como el Valle, 23 de Enero. Simón Rodríguez y Pinto Salinas, entre otros puntos de Caracas, pero también fue bestial en Petare, en Guarenas y Guatire. Esa experiencia me tocó vivirla escuchando los impactos de fusil en las paredes de los apartamentos, y en los pasillos de los edificios.
Nunca se sabrá con certeza el número de asesinados por la represión: Según la cifra oficial emanada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, a consecuencia de una solicitud a los tribunales de Enrique Ochoa Antich Coordinador General del Comité de Familiares de las Víctimas, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial.
“Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos”, según se cita en el portal del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989.
En esta organización no gubernamental solo se reunieron 42 familiares de fallecidos y desaparecidos y otras tres víctimas que quedaron incapacitadas, no obstante, la cantidad de civiles masacrados el 27 de febrero y los días posteriores es difícil de calcular. De hecho, se habla de entre 2.000 y 3.000 personas asesinadas, aunque el entonces ministro Italo del Valle Alliegro contaba poco más de 300.
En el libro Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez el 27 de febrero alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la historia venezolana. Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre al pueblo venezolano, ordenó al Estado venezolano indemnizar a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social, todas representadas por Cofavic.
Sin embargo, hoy día dichas causas de protestas parecen minimizarse ante el terrible paquete que hoy sufre el pueblo venezolano, con las continuas muertes que ocurren, no ya por la represión, que también aumentó con creces en el presente régimen en los años 2014 y 2017 de jóvenes estudiantes por las protestas. Sino por el hambre, la desnutrición y de la población, que no puede alimentarse ni cuenta con los recursos para poder comprar medicinas para su enfermedad o condición médica, ser operado o atendido en un hospital por carecer este de insumos y camas para ser recluidos.
La desaparición del salario y de las pensiones ha destruido la capacidad de vida de los venezolanos, frente a esta situación es evidente, que los venezolanos, calculados en 7 millones han salido del país buscando mejores condiciones de vida, pero muchos de ellos han muerto tratando de conseguirlo, ya fuera en el Darién, en el rio Bravo, en los accidentes de tránsito de las carreteras andinas de Colombia, Ecuador o Perú, en el desierto entre Bolivia y Chile.
Esos fallecidos son producto del paquetazo de este régimen, aun mas neoliberal y brutal que el aplicado en 1989, que se limitaba a un aumento de los precios de la gasolina. Hoy día la situación de precariedad es peor y no luce mejor mientras dure este régimen, de allí que la salida sea política y la cual debe llevar a la unidad de todas las fuerzas para organizar las protestas por aumento general de salarios, de pensiones, por el respeto a los contratos colectivos, por la libertad de los luchadores sociales, pero a la vez para establecer una dirección organizativa amplia, plural y necesaria para enfrentar de manera unitaria al régimen y lograr su salida.
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